La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha acogido con satisfacción la firma de la nueva Directiva Presidencial de Colombia, un instrumento que establece lineamientos claros para garantizar la libertad de expresión y de prensa. Esta directiva busca optimizar la implementación de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en cuanto a la libertad de expresión, especialmente en la interacción entre el poder ejecutivo y los medios de comunicación.
Antecedentes y desarrollo de la directiva
La creación de esta directiva es el resultado de un proceso de asesoría técnica brindada por la RELE al Estado colombiano desde abril de 2023. La medida responde a las recomendaciones de la CIDH realizadas tras una visita a Colombia en 2021, donde se evidenciaron desafíos significativos en cuanto a la estigmatización de la prensa. Esta asesoría fue ampliada durante una visita en abril de 2024, tras la cual se reafirmó la necesidad de adoptar medidas para mejorar el clima de libertad de prensa en el país.
Durante el proceso de asesoría, la RELE mantuvo diálogos con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, y periodistas. Estos encuentros permitieron a la Relatoría conocer de primera mano las preocupaciones del gremio periodístico, así como analizar las mejores prácticas y estándares interamericanos que deben guiar las acciones del Estado en esta materia.
Colombia, pionero en la región
La Relatoría Especial ha destacado que Colombia es el primer país en el hemisferio en adoptar un instrumento de esta naturaleza, representando un avance significativo en la región. Esta directiva establece obligaciones claras para los funcionarios públicos, quienes, por su posición de garantes de los derechos fundamentales, deben actuar con debida diligencia al emitir declaraciones públicas. El objetivo es crear un entorno de pluralismo informativo, evitar restricciones indebidas al flujo de información y reducir riesgos para la integridad de los periodistas.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda que los agentes estatales deben contribuir al debate público de manera que no afecte negativamente la libertad de expresión o ponga en peligro a los profesionales de la comunicación. La directiva, por tanto, busca que las manifestaciones de los funcionarios públicos promuevan un clima favorable para el ejercicio periodístico, fundamental para la consolidación democrática.
Próximos pasos y compromiso de la RELE
Este paso adelante, sin embargo, debe traducirse en acciones concretas que garanticen un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo en Colombia. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha expresado su disposición a continuar trabajando de manera cercana con el Estado colombiano en la implementación de esta y otras medidas complementarias, reforzando así las garantías para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
La RELE, como organismo especializado en promover la defensa de la libertad de pensamiento y expresión, ve en esta iniciativa una oportunidad para fortalecer el sistema democrático y garantizar que el periodismo pueda ejercer su labor sin temor a represalias o estigmatizaciones.
Reflexión
La firma de esta directiva presidencial es un paso significativo para Colombia en la protección y promoción de la libertad de prensa. Establece un precedente en la región y refuerza el compromiso del Estado con los estándares internacionales de derechos humanos. Queda ahora en manos de las autoridades y la sociedad civil trabajar juntos para que esta directiva se traduzca en un cambio real, donde el ejercicio periodístico se realice en un entorno de respeto y seguridad. Se espera que el presidente Petro, cumpla y haga cumplir la directiva.
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